Cabe destacar que el Juez 6° de Defensa Social, a pesar de todas las mentiras y calumnias del grupo de Anselmo Canul, comisario ejidal, títere del gobierno del estado, y de los inventos del gobierno estatal y de la procuraduría, resolvió liberar por falta de elementos a Abelardo Cobá, quien quedó libre de inmediato, a Idelfonso Dzul y a Wilbert López, y redujo a “ataques peligrosos” la acusación de intento de homicidio, fijando una pequeña fianza de $783.00, en el caso de Gonzalo García. Es la jueza federal Reyes García la que mantiene presos a Idelfonso, Gonzalo y Wilbert con acusaciones tan falsas como ridículas, por tener escopetas campesinas de cacería, retorciendo las leyes y desconociendo otras. Esperemos ahora que el magistrado Monroy al revisar la apelación que se ha metido deseche las acusaciones y libere por falta de elementos a los 3 campesinos injustamente presos.
De acuerdo a la Ley Agraria y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es parte de las leyes vigentes en México, estas “supuestas ventas” no son válidas, son nulas, porque se pretenden consumar mediante engaños, dolo y mala fe. Se habla de la venta de 883 hectáreas de tierras ejidales al coyote Idalio Martínez, quien a su vez le vendió 586 has. al gobierno estatal para una nueva planta potabilizadora de la JAPAY (al ejido le pagaron a 70 centavos el metro cuadrado y el coyote se lo vendió al gobierno estatal en $1.65 el metro cuadrado, con una ganancia ilegítima e injustificable de 95 centavos por metro, el 135%, según se desprende de lo que el propio gobierno estatal ha reconocido públicamente en periódicos locales) y 297 has. a la empresa Cementos Mexicanos (al ejido le pagaron a $2.50 el metro y la empresa dice haber pagado $6.50 por metro, con una ganancia también ilegítima e injustificable de $4.00 pesos por metro, el 160%, según se ha reconocido también en los periódicos locales). Pero hay 118 has. más que nadie sabe qué pasó con ellas, pero que se rumora fueron vendidas también al mismo coyote, sin que se repartiera ningún centavo a los ejidatarios.
El grupo de ejidatarios y familiares que se mantienen firmes en la defensa de sus tierras y su dignidad no se deja, continúa la lucha por medios jurídicos, la denuncia y la movilización pública, hasta lograr:
- La liberación sin cargos de los 3 presos
- Que se revise y se regularice totalmente lo de las tierras, con justicia para todos los ejidatarios, sus familias y la gente sencilla de Oxcum.
- Que se revise y se regularice totalmente lo de las tierras, con justicia para todos los ejidatarios, sus familias y la gente sencilla de Oxcum.
Después de 2 años de luchar ininterrumpidamente contra el despojo de mil hectáreas de sus tierras, engaños, amenazas, trampas, intentos de soborno, traiciones, división de la comunidad, maniobras del gobierno estatal, de la Junta de Agua Potable, del coyote Antonino Almazán, del abogado William Santos quien los traicionó y vendió recientemente, del corrompido comisario de Oxcum, Anselmo Canul y su pequeño grupo. Un grupo de 40 ejidatarios y sus familias, más de 100 personas, orgullosamente campesinos mayas yucatecos, se mantienen exigiendo justicia.
El viernes 6 de octubre en la mañana fueron hostigados, amenazados y golpeados unos 40 campesinos, mujeres, niños y ancianos que mantenían un campamento en defensa de sus tierras, por unos 70 policías estatales fuertemente armados, que iban junto con funcionarios de la Junta de Agua Potable, del gobierno del estado y del grupo que encabeza el corrupto comisario ejidal de Oxcum, Anselmo Canul. Detienen a cuatro personas: Idelfonso Dzul García, Gonzalo García, Abelardo Cobá y un joven campesino que pasaba por el lugar Wilberth López. Los golpean, estropean y amenazan, mientras los trasladan a las instalaciones de la SPV en Mérida.
En la tarde una comisión pide hablar con el secretario de protección y vialidad y se niega. Diversos grupos de la sociedad civil yucateca se acercan y apoyan. Se arma un grupo de asesoría legal y política para los compañeros. Desde este momento se deciden todas las acciones y formas en asambleas de grupo. A las 7 de la noche una comisión pide hablar con el gobernador y con el secretario general de gobierno. Se niegan. A las 8 de la noche los consignan ante el ministerio público local y los trasladan a las instalaciones de la procuraduría de justicia estatal. Se difunde el problema y se llama a la solidaridad local, nacional e internacional.
Les inventan una serie de delitos y un abultado expediente judicial, con la participación directa aunque embozada del gobierno estatal, apareciendo sólo el grupo del corrompido comisario Canul, quien reparte dinero a otros campesinos para que declaren contra los presos. Tres delitos del fuero común y un delito del fuero federal. Los hacen declarar en ambas instancias.
Las ilegalidades e irregularidades de la policía y de la procuraduría son más que evidentes, e incluso burdas, como el uso desmedido de la fuerza, el haber golpeado a mujeres y ancianos, haber maltratado a los presos mientras los trasladaban, haber negado el derecho a la asistencia legal de los presos en el ministerio público, aún cuando hubo una advertencia de la comisión estatal de derechos humanos, haber inventado y armado delitos y expedientes a modo.
Las ilegalidades e irregularidades de la policía y de la procuraduría son más que evidentes, e incluso burdas, como el uso desmedido de la fuerza, el haber golpeado a mujeres y ancianos, haber maltratado a los presos mientras los trasladaban, haber negado el derecho a la asistencia legal de los presos en el ministerio público, aún cuando hubo una advertencia de la comisión estatal de derechos humanos, haber inventado y armado delitos y expedientes a modo.
Desde la represión el gobierno introdujo maquinaria pesada y trabajadores para hacer diversos trabajos de la Junta de Agua Potable, con la vigilancia y respaldo intimidante e ilegal de varias decenas de policías antimotines armados con toletes y armas de fuego, que también amenazan a los pobladores de la comunidad de Oxcum.
El sábado 7 de octubre se hace el primer plantón campesino, de 10 de la mañana a 10 de la noche, frente al palacio de gobierno estatal, exigiendo justicia. El gobierno no oye ni ve. Se insiste en platicar con el gobernador y se niegan reiteradamente. Incluso en la tarde se presenta la solicitud por escrito y la guardia del palacio se niega a recibirla. Aunque finalmente con la presión de la comisión estatal de derechos humanos reciben la solicitud. La solidaridad y evidente simpatía de diversos grupos civiles yucatecos y de personas en lo individual va creciendo en los plantones.
El domingo 8 al medio día son consignados y trasladados al penal de Mérida, a disposición del juez 6° de Defensa Social desde las 12 del día y de la Juez 2° de Distrito desde las 8 de la noche. El mismo domingo se hace otro plantón frente al palacio de gobierno, se insiste en la audiencia y el gobierno continúa negándose sin dar ninguna razón.
El lunes 9 se hace otro plantón frente a los juzgados de Defensa Social, que están en el penal de Mérida, mientras los cuatro presos declaran. En la tarde se hace nuevamente otro plantón frente al palacio de gobierno y se insiste en la audiencia. Finalmente el gobierno decide recibir a una comisión para el martes 10 a la 1 de la tarde, 4 días después que fue solicitada.
El martes 10 se instala, nuevamente, un plantón frente al palacio de gobierno. A la 1 de la tarde entra una comisión de tres ejidatarios, una hija de uno de los presos y un asesor. Los recibe el Secretario General de Gobierno, escucha y niega todas las irregularidades y la participación del gobierno, dice que va a investigar y que no está en sus manos resolver nada, a pesar de que se le argumenta e insiste en que el gobierno generó el conflicto, atacó a la gente, detuvo a los cuatro presos, les inventó los delitos y los envió al penal. No hay ningún acuerdo.
El mismo martes 10 al medio día, una comisión de mujeres, familiares de los presos, se manifiesta en la ceremonia final de un foro internacional de derechos humanos en Mérida, son escuchadas solamente.
El miércoles 11 se instala de nuevo el plantón frente al palacio de gobierno esperando la resolución de los jueces, ya que este día se vencía el plazo legal para definir su libertad o su procesamiento. A las 12 del día el caso local y a las 8 de la noche el caso federal.
A las 2 de la tarde el juez local decide liberar a tres de los presos por falta de elementos (Ildefonso Dzul, Abelardo Cobá y Wilberth López) y procesar por "ataques peligrosos" a Gonzalo García, fijando una fianza para que pueda quedar libre de $783.00. Liberan del penal a Abelardo Cobá, pero retienen a los otros tres presos porque está pendiente la resolución de la juez federal. Casi se resuelve totalmente el caso local. Sigue la espera para ver la decisión de la juez federal.
A las 9 de la noche nos informan que la juez federal, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, Sara Olimpia Reyes García, decide procesar y les dicta auto de formal prisión a Idelfonso Dzul, "por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea" y a Gonzalo García y Wilberth López "por portación de arma de fuego sin licencia" Sin posibilidad de libertad bajo fianza para Idelfonso y con posibilidad de fianza para los otros dos, de alrededor de $ 4, 300.00 cada uno. Pretenden dejar preso a Idelfonso Dzul, el principal dirigente natural del grupo en lucha.
La acusación de las armas, completamente absurda y ridícula, está basada en que al momento de la represión y detención también tomaron tres escopetas campesinas, que estaban a un lado en el campamento, y que se usan para cacería y controlar a algunos animales en sus milpas y parcelas, como hacen miles de campesinos por toda la península. La Juez ignoró deliberadamente muchas disposiciones legales e incluso jurisprudencias, pero sobre todo lo que señala el convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre los derechos de los pueblos indígenas, especialmente el artículo 23 que establece que los indígenas que se dedican a las artesanías, a la pesca, a la caza y a todas las actividades de subsistencia de las comunidades étnicas, por usos y costumbres tienen derecho a utilizar un arma para sus actividades, aun cuando los abogados defensores reiteraron hasta el cansancio dichas disposiciones.
Vemos una clara intención política, ilegal y arbitraria, del gobierno estatal, con la complicidad y participación de la juez federal, por inculpar indebidamente y castigar a los campesinos. Estamos considerando la posibilidad de iniciar procesos legales contra el gobernador, el procurador y la juez, ante el cúmulo de arbitrariedades e irregularidades.
La televisión, la radio y los periódicos locales, con la destacada excepción del periódico Por Esto!, han informado poco y mal, destacando la versión del gobierno, cuando no tergiversando dolosamente los hechos, como acostumbran hacer cuando se trata de luchas y demandas populares.
El jueves 12 de octubre, día de los derechos indígenas, una asamblea especial del grupo de campesinos y sus familiares se reunió para analizar con todo detalle los acontecimientos y tomaron los acuerdos y medidas necesarias. Sin embargo, esto no basta, se necesita de la más amplia solidaridad y apoyo para liberar a los presos, que deben ser también de todos nosotros, y para abrir negociaciones que puedan resolver el despojo de tierras y parar la represión y la impunidad del gobierno estatal.
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