Alfredo Méndez Ortíz
Ante los crecientes llamados de Andrés Manuel López Obrador respecto de la necesidad de renovar las instituciones del Estado mexicano, que desde su perspectiva sólo están al servicio de quienes detentan el poder y el dinero sobre la dignidad de la mayoría de los mexicanos, el constitucionalista Clemente Valdés manifiesta su preocupación por la falta de legitimidad de quienes encabezan las instancias gubernamentales, al grado de cuestionarse si ha llegado el momento clave de ''modificar'' o ''suprimir'' las instituciones que actualmente nos rigen.
Abogado apartidista, observador de la vida política nacional e internacional y crítico de la función de los servidores públicos -a los que identifica como empleados públicos a nuestro servicio-, el jurista considera que la coyuntura política actual nos obliga a terminar en el país con muchas disposiciones de la Constitución que fueron hechas para garantizar la impunidad de los funcionarios corruptos.
''Debemos preguntarnos si las instituciones que tenemos actualmente en México sirven eficazmente para impedir que nuestros empleados públicos se roben los recursos y los impuestos que le quitan a la población; si han servido para disminuir la inseguridad, para aumentar el bienestar de la mayoría y para asegurar las libertades individuales de las personas que la forman'', asevera.
En entrevista con La Jornada, el doctor en derecho constitucional puntualiza: ''Las instituciones públicas se crean únicamente para servir a los habitantes de un país; cuando no sirven para eso debemos modificarlas o suprimirlas''.
Para el autor del libro La prescripción de los delitos de los gobernantes, la crisis de las instituciones no es un problema que sólo atañe a nuestro país. ''Estamos asistiendo en todo el mundo al resquebrajamiento de los mitos inventados por los gobernantes para dominar a los habitantes de sus respectivos países. Gracias a la educación, cada vez son más los ciudadanos en los distintos países que se dan cuenta de que ni el llamado 'Estado' ni el gobierno ni las constituciones y las leyes, ni tampoco las instituciones, son fines en sí mismos, pues la única razón de su existencia son los seres humanos que forman la población, para la cual se crean y se hacen todas esas cosas'', indica.
Sobre el conflicto poselectoral, acrecentado a raíz de que López Obrador denunció la probable existencia de un fraude electoral que manchó la legitimidad del presidente electo, Felipe Calderón, Clemente Valdés asegura que es necesario plantear la posibilidad de una reforma total al marco constitucional que nos garantice contar con un verdadero sistema representativo democrático.
El jurista considera que ''es tiempo de acabar en México con muchas disposiciones de la Constitución que fueron hechas por nuestros empleados públicos en favor de ellos mismos para someter a la población, para conservar sus cargos, para cometer todo tipo de abusos y, muchas veces, para hacerse de nuestro dinero sin tener que rendir cuentas. No podemos conservar la impunidad de nuestros altos empleados, a quienes les pagamos para que cumplan honradamente con su trabajo, manteniendo disposiciones que les dan el derecho a no ser juzgados por los delitos que cometan, sin que previamente otros de nuestros empleados, los diputados, den su permiso para que aquéllos puedan ser sometidos a un proceso penal, como cualquier otro individuo. Todo lo cual conduce a que, con frecuencia, se mantenga en su puesto a diputados, senadores y gobernadores delincuentes, para que sigan delinquiendo hasta que dejen sus cargos''.
-En los debates sobre el conflicto poselectoral nunca faltan las voces que anteponen a cualquier negociación el respeto de las instituciones. ¿Qué opina usted de esto?
-Tenemos que deshacernos de un cúmulo de mentiras, como la veneración a las instituciones aunque no sirvan, y la repetición de principios que han dejado de ser útiles y convenientes para los seres humanos, por ejemplo la idea de los tres poderes del Estado.
''En un sistema representativo democrático sólo existe un verdadero poder. Es el poder de la población expresado en las elecciones en las que esa población designa a los representantes, empleados o servidores suyos, únicamente para que éstos desempeñen determinadas funciones que no puede llevar a cabo la población directamente y para que a su vez esos empleados designen a otros para cumplir con otras funciones.
''Ninguno de ellos, ni solos ni todos juntos, tiene poderes propios ni mucho menos son poderes. Todos, sin excepción, son empleados de la sociedad y sólo pueden usar los poderes limitados que les presta transitoriamente la población.
''Por lo que toca a las instituciones, es decir, a las organizaciones y departamentos a las que se les encomiendan las distintas funciones públicas, lo primero que hay que destacar es que todas han sido inventadas únicamente para que cumplan con ciertas tareas en beneficio única y exclusivamente de la población, y ninguna es algo sagrado que esté por encima de esa población.
''Las instituciones se crean únicamente para servir a los habitantes de un país; cuando no sirven para eso debemos modificarlas o suprimirlas.''
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