En los tiempos de la república romana, ya desde ese entonces, existía un grupo en el Senado denominado Optimates, cuyo quehacer político era el defender los intereses de la aristocracia o, en su caso, decían promover el bienestar de la sociedad en su conjunto. Tal parece que no estamos tan alejados de ello, pues en nuestro país se privilegia a las clases en el poder, ocasionando una concentración de la riqueza en unos cuantos.
En México existen contrastes sociales y económicos profundos. La mitad de la población mexicana vive en la pobreza y un 21% en la miseria. La distribución de la riqueza sigue siendo una de las peores del mundo, tan es así, que el país ocupa el primer lugar en el mundo en desigualdad económica (no en pobreza). Las políticas gubernamentales actuales no sólo han hecho mella a estos problemas sino que han generado otros, como una deuda pública inmensa que hasta la fecha sigue siendo un pesado lastre para la economía. No existe un desarrollo estabilizador y sí, en cambio, existen desequilibrios financieros con un amplio déficit en el presupuesto aplicado a cubrir las demandas sociales. Pero este estancamiento no es reciente, se registra desde que entró al poder la política neoliberal encabezada por el gobierno de Miguel de la Madrid, en diciembre de 1982 y consolidado a partir del Tratado de Libre Comercio, durante el régimen de Carlos Salinas de Gortari, donde se consuma el espíritu anexionista hacia los Estados Unidos de Norteamérica.
El Neoliberalismo es un modelo privatizador con apoyos excesivos a los intereses del capital financiero. Lo que no se incorpora al valor del mercado es obsoleto. Representa privatización, privilegios, explotación, desempleo, miseria y desinterés por la ciudadanía. Ocasiona masas de pobres dotadas de proyectos sociales, quizá, para calmar el complejo de culpa. En este arquetipo los ciudadanos son invisibles, no se ven ni se escuchan, lo único que interesa es que compren y consuman, no que coman o que tengan un empleo digno. Son rehenes de dicha política económica y se encuentran en un estado de indefensión a causa de que el Estado se ha deslindado de sus deberes sociales. Todo ello, no sólo origina miseria e inequidad social en el país, sino que también provoca expulsión de muchos mexicanos hacia los E.U. La Patria los aborta debido a la laceración tan indignante de la pobreza y la falta de oportunidades en la búsqueda de mejores condiciones de vida.
Por su parte, el gobierno de Vicente Fox ha contado con una gran bonanza de ingresos petroleros que le han dado recursos antes impensados. Hay un aumento espectacular de los ingresos del petróleo, que deberían dar un respiro a la economía, sin embargo, esto no sucede, ya que se genera un incremento muy fuerte en gastos superfluos nada relevantes, y sí excesivos, destinados a favorecer y a enriquecer a los miembros de la familia presidencial y a su séquito de colaboradores. Bien usada, esa riqueza petrolera pudo haber sido el sustento de un periodo de sostenida prosperidad. En lugar de eso, esta política gubernamental ha sido la puerta de entrada al tercer milenio de un sexenio perdido.
Lo que en un principio se hace creer como problema de corte de caja, no es sino una prolongada crisis económica que se viene arrastrando desde hace veinticuatro años. Los gobiernos mexicanos de los últimos años se han dedicado a subsidiar a los ricos, castigando a los pobres. El sistema financiero es intrínsecamente injusto.
La magnitud del reto radica en aplicar políticas que aceleren el desarrollo interno del país y, con ello, la creación de empleos y un aumento real en el nivel de los salarios. Se requiere un equilibrio en las finanzas públicas, un equilibrio en el presupuesto. Es necesario, llevar a cabo urgentes reformas de mercado donde se reduzca el gasto público y donde no haya resquicio alguno para la privatización. El ejercicio de la responsabilidad de gobernar obliga a la moderación.
Asimismo, urge apoyar y desarrollar los capitales nacionales para que México continúe diversificando su economía y no se vea afectada por la más mínima reacción de los mercados internacionales. Desde luego, esto no significa darle la vuelta a los capitales extranjeros, pero sí que haya una regulación aplicada en las inversiones y concesiones tanto nacionales como extranjeras, normando, así también, sus ganancias para que se establezcan en el país y sean empleadas en una economía de bienestar social sin permitir su salida hacia los paraísos fiscales. Con ello, se evita que sigan surgiendo monopolios que tanto daño generan al país, pues la riqueza se acumula en unos cuantos y no permite el crecimiento económico de la gran mayoría de la población.
Es inminente, aprovechar el deterioro del actual sistema político para reformar y controlar no sólo al ejecutivo sino también al poder legislativo y demás instituciones del Estado mexicano.
Todo lo anterior se propone, con el objeto de combatir los problemas existentes de pobreza y desigualdad. Es imperiosa una transformación amplia, verdadera, que permita a México salir de su actual parálisis política y económica. Las circunstancias así lo exigen.
En México existen contrastes sociales y económicos profundos. La mitad de la población mexicana vive en la pobreza y un 21% en la miseria. La distribución de la riqueza sigue siendo una de las peores del mundo, tan es así, que el país ocupa el primer lugar en el mundo en desigualdad económica (no en pobreza). Las políticas gubernamentales actuales no sólo han hecho mella a estos problemas sino que han generado otros, como una deuda pública inmensa que hasta la fecha sigue siendo un pesado lastre para la economía. No existe un desarrollo estabilizador y sí, en cambio, existen desequilibrios financieros con un amplio déficit en el presupuesto aplicado a cubrir las demandas sociales. Pero este estancamiento no es reciente, se registra desde que entró al poder la política neoliberal encabezada por el gobierno de Miguel de la Madrid, en diciembre de 1982 y consolidado a partir del Tratado de Libre Comercio, durante el régimen de Carlos Salinas de Gortari, donde se consuma el espíritu anexionista hacia los Estados Unidos de Norteamérica.
El Neoliberalismo es un modelo privatizador con apoyos excesivos a los intereses del capital financiero. Lo que no se incorpora al valor del mercado es obsoleto. Representa privatización, privilegios, explotación, desempleo, miseria y desinterés por la ciudadanía. Ocasiona masas de pobres dotadas de proyectos sociales, quizá, para calmar el complejo de culpa. En este arquetipo los ciudadanos son invisibles, no se ven ni se escuchan, lo único que interesa es que compren y consuman, no que coman o que tengan un empleo digno. Son rehenes de dicha política económica y se encuentran en un estado de indefensión a causa de que el Estado se ha deslindado de sus deberes sociales. Todo ello, no sólo origina miseria e inequidad social en el país, sino que también provoca expulsión de muchos mexicanos hacia los E.U. La Patria los aborta debido a la laceración tan indignante de la pobreza y la falta de oportunidades en la búsqueda de mejores condiciones de vida.
Por su parte, el gobierno de Vicente Fox ha contado con una gran bonanza de ingresos petroleros que le han dado recursos antes impensados. Hay un aumento espectacular de los ingresos del petróleo, que deberían dar un respiro a la economía, sin embargo, esto no sucede, ya que se genera un incremento muy fuerte en gastos superfluos nada relevantes, y sí excesivos, destinados a favorecer y a enriquecer a los miembros de la familia presidencial y a su séquito de colaboradores. Bien usada, esa riqueza petrolera pudo haber sido el sustento de un periodo de sostenida prosperidad. En lugar de eso, esta política gubernamental ha sido la puerta de entrada al tercer milenio de un sexenio perdido.
Lo que en un principio se hace creer como problema de corte de caja, no es sino una prolongada crisis económica que se viene arrastrando desde hace veinticuatro años. Los gobiernos mexicanos de los últimos años se han dedicado a subsidiar a los ricos, castigando a los pobres. El sistema financiero es intrínsecamente injusto.
La magnitud del reto radica en aplicar políticas que aceleren el desarrollo interno del país y, con ello, la creación de empleos y un aumento real en el nivel de los salarios. Se requiere un equilibrio en las finanzas públicas, un equilibrio en el presupuesto. Es necesario, llevar a cabo urgentes reformas de mercado donde se reduzca el gasto público y donde no haya resquicio alguno para la privatización. El ejercicio de la responsabilidad de gobernar obliga a la moderación.
Asimismo, urge apoyar y desarrollar los capitales nacionales para que México continúe diversificando su economía y no se vea afectada por la más mínima reacción de los mercados internacionales. Desde luego, esto no significa darle la vuelta a los capitales extranjeros, pero sí que haya una regulación aplicada en las inversiones y concesiones tanto nacionales como extranjeras, normando, así también, sus ganancias para que se establezcan en el país y sean empleadas en una economía de bienestar social sin permitir su salida hacia los paraísos fiscales. Con ello, se evita que sigan surgiendo monopolios que tanto daño generan al país, pues la riqueza se acumula en unos cuantos y no permite el crecimiento económico de la gran mayoría de la población.
Es inminente, aprovechar el deterioro del actual sistema político para reformar y controlar no sólo al ejecutivo sino también al poder legislativo y demás instituciones del Estado mexicano.
Todo lo anterior se propone, con el objeto de combatir los problemas existentes de pobreza y desigualdad. Es imperiosa una transformación amplia, verdadera, que permita a México salir de su actual parálisis política y económica. Las circunstancias así lo exigen.
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